México – Página 2 – Jonathan Maza

Traslados exprés, soberanía y seguridad nacional

13 agosto, 2025Jonathan Maza

En México, últimamente hemos descubierto que “soberanía” también puede significar empacar a un capo y enviarlo a Estados Unidos sin el lento ritual de un juicio de extradición. No es una metáfora: El Gobierno mexicano está entregando criminales a Estados Unidos sin agotar el proceso judicial de extradición tradicional. ¿Por qué? Porque puede —en términos de su marco de Seguridad Nacional— y porque la presión del gobierno estadounidense ha elevado a los cárteles al rango de amenaza a su seguridad nacional, forzando a nuestro país a elegir entre dos bienes públicos: preservar la soberanía o hacerla valer con procedimientos más lentos que, en el contexto actual, pueden resultar inocuos o, peor aún, contraproducentes.

En febrero de este año, 29 criminales —incluyendo a Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño— salieron discretamente del país a petición de Washington. El 12 de agosto, otros 26 siguieron el mismo camino, entre ellos miembros de cárteles como Sinaloa y CJNG, e incluso un ciudadano de Sierra Leona dedicado al tráfico de migrantes de países tan diversos, como llamativos, como Irán, Afganistán,Uzbekistán, Paquistán, Turquía o Somalia. El mensaje oficial fue claro: “no es extradición, es traslado”, y todo amparado en el paraguas de la Seguridad Nacional.

¿Por qué puede México hacer esto? Porque su Ley de Seguridad Nacional (LSN) y el artículo 89 constitucional, fracción VI le dan al Ejecutivo herramientas para actuar “de manera inmediata y directa” ante amenazas y riesgos a la integridad del Estado mexicano. Traducido del lenguaje jurídico: si el Gabinete de Seguridad, o mejor dicho, el Consejo de Seguridad Nacional, considera que un capo en territorio nacional es un riesgo inminente —y si la presión de Washington aprieta—, se puede saltar el procedimiento judicial ordinario y enviar al individuo directamente a manos estadounidenses, negociando de paso la no aplicación de la pena de muerte para no violar la Constitución.

La narrativa es sencilla, casi poética: estos criminales son una amenaza “inmediata y directa” a la estabilidad del Estado mexicano, y entregarlos a Estados Unidos es una jugada maestra para preservar la soberanía. Lo interesante es que este mecanismo no es producto de una reforma exprés, sino de una reinterpretación política y estratégica de la Seguridad Nacional, que de por si ha permanecido ambigua en la Ley su definición.

El artículo 5 de la LSN permite al Ejecutivo actuar contra amenazas internas y externas, y el artículo 13 le da al Consejo de Seguridad Nacional carta blanca para coordinarse con agentes extranjeros. ¿El resultado? “traslados” administrativos que evitan los tribunales y entregan a los capos en bandeja de plata. Este mecanismo, aunque legal, bordea el Estado de Derecho como un equilibrista borracho. Los artículos 14 y 16 de la Constitución, que garantizan el debido proceso, miran con desconcierto cómo el gobierno clasifica a estos criminales como amenazas de seguridad nacional para saltarse los juzgados. Esto es, sin duda alguna, una jugada pragmática y quizá hasta estratégica.

Este 2025, el Departamento de Estado clasificó a los capos del crimen organizado y a sus respectivos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y les echó encima la Orden Ejecutiva 13224, la Kingpin Act y hasta la Orden Ejecutiva 13581, que básicamente declaran a los cárteles una emergencia nacional. Para Trump, el fentanilo y la violencia transnacional son el nuevo 11 de septiembre, y México tiene pocas opciones.

Así, en este contexto en el que la administración Trump ha elevado a los cárteles mexicanos a la categoría de amenazas a su seguridad nacional, esto le permite desplegar sanciones económicas, congelar activos y, por qué no, dejar caer sobre la mesa la idea de “todas las opciones”, incluyendo la militar que recuerda los días de Noriega en Panamá. El resultado: México coopera rápido o se expone a sanciones comerciales, más aranceles, cancelaciones de visas o, quién sabe, un dron con la bandera estrellada paseándose por Sinaloa y un clima bilateral más que tóxico.

Precisamente, este 12 de agosto, en la segunda operación en territorio mexicano para “trasladar” a 26 criminales a las autoridades estadounidenses, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, no pudo contener su entusiasmo, celebrando esta “colaboración histórica”, declarando que “Hoy es el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras…Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos… Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto.”

El gobierno de la Doctora, en lugar de someterse al vía crucis de la Ley de Extradición Internacional —donde amparos y recursos pueden alargar el proceso durante décadas—, ha optado por el atajo administrativo. Con la LSN, los traslados se convierten en una operación ejecutiva, y quizá pensaban que hasta discreta y sin demasiada publicidad. Sin embargo, las autoridades de nuestro vecino, con el poder que otorgan las benditas redes sociales, se han encargado de que este tipo de entregas tengan toda la visibilidad y publicidad posibles.

Mientras tanto, quienes defienden las acciones del gobierno mexicano afirman que se trata del ejercicio de una “soberanía activa”, es decir, de responder con agilidad para evitar que Estados Unidos tome acciones unilaterales bajo el argumento de protegerse de una amenaza terrorista. Pero la ironía es evidente: para “defender” la soberanía, México está cediendo temporalmente jurisdicción sobre sus propios ciudadanos.

Si bien, no es una claudicación formal, pero sí una cesión estratégica que se justifica en nombre del pragmatismo y la estabilidad bilateral. Y como toda solución pragmática, tiene un costo. Primero, erosiona la centralidad del Poder Judicial en la cooperación penal internacional. Segundo, abre la puerta a que el concepto de “amenaza a la seguridad nacional” se vuelva tan elástico que sirva para justificar cualquier traslado incómodo. Tercero, genera una dependencia operativa: si los casos más complejos se “exportan”, se reduce el incentivo para fortalecer las capacidades de investigación y judicialización interna.

Washington lo celebra como cooperación “histórica”. En México, la narrativa oficial es que se está actuando para evitar escenarios peores, y quizá tengan razón en algo: ante una presión externa tan directa, actuar rápido puede evitar decisiones unilaterales mucho más agresivas. El problema es que la excepción, si no se regula, acaba convirtiéndose en costumbre y este precedente es un arma de doble filo, ya que normalizar los traslados administrativos podría convertir la LSN en un cheque en blanco, donde cualquier “amenaza” justifique eludir el sistema judicial.

Si algo me atrevería a sugerir a quienes tengan oídos para oir, sería lo siguiente: No se pierdan en el falso dilema de si México puede o no hacer estos traslados, porque puede. Tampoco si son útiles o no para desactivar las amenazas de Trump, porque si lo son, al menos en las inmediatas.

Las preguntas clave a responder son: ¿Estamos dispuestos los mexicanos a normalizar una ruta paralela al Estado de derecho, con el pretexto de que es temporal y excepcional? ¿Cuáles deberían ser los criterios públicos y acotados en la actuación del Consejo de Seguridad Nacional (“Gabinete de Seguridad”) sobre cuándo procede un traslado por Seguridad Nacional? ¿Cómo implementamos la vigilancia y el control parlamentario real, mediante el depositario de la soberanía nacional que es el Congreso de la Unión, si aún no se instala ni se fortalece, por ejemplo, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional? ¿Vamos a firmar un acuerdo de seguridad bilateral bajo qué términos y condiciones operativos y del debido proceso? ¿Cómo vamos a fortalcer y cómo nos ayudarán nuestros vecinos a crear capacidades en casa para la investigación y judicialización interna de casos en México?

No es el fin del Estado de derecho mexicano, pero sí una reinterpretación ejecutiva de la Seguridad Nacional para salvar la soberanía en un contexto de máxima presión desde Washington, por lo que México puede hacerlo porque su ley y su Constitución lo habilitan en situaciones de amenaza; y lo hace porque, sin un golpe sobre la mesa, la alternativa era abrir la puerta a acciones unilaterales en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. El reto ahora es ponerle reglas, límites y transparencia a esta ruta excepcional, y que la excepción no se vuelva la nueva normalidad.

Una última pregunta que requiere de mucha imaginación y agilidad mental para responderla: ¿Qué es la soberanía nacional en estos tiempos?

México: Poder Nacional y Seguridad Nacional frente a una policrisis multidimensional

11 junio, 202511 junio, 2025Jonathan Maza

“México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.”

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori

La seguridad nacional de México enfrenta actualmente una policrisis multidimensional, donde múltiples amenazas interactúan generando efectos sinérgicos que comprometen la estabilidad, integridad, soberanía y viabilidad del Estado. En particular, las crisis en las fronteras norte y sur representan desafíos significativos que impactan directamente los campos del Poder Nacional: Diplomático, político, económico y militar, demandando una respuesta integral que involucra recursos ordinarios y extraordinarios.

La situación se complica ante presiones específicas recientes provenientes de países vecinos como Estados Unidos y Guatemala, lo que genera vulnerabilidades y obliga a México a mantener elevados niveles de esfuerzo operacional para responder con medidas urgentes, sobrecargando aún más sus capacidades institucionales.

Paralelamente, la seguridad interior se ve desafiada por actores no estatales violentos, específicamente la delincuencia organizada transnacional, cuyos grupos armados utilizan tácticas asimétricas cada vez más complejas dignas de ser comparadas con tácticas terroristas o de insurgencias criminales. El reclutamiento de exmilitares colombianos por parte del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirmado oficialmente tras la detención de nueve excombatientes colombianos involucrados en ataques con minas antipersonales en Michoacán el pasado 27 de mayo, ejemplifica esta evolución preocupante hacia métodos de insurgencia criminal.

Este tipo de tácticas, incluyendo artefactos explosivos improvisados (AEI), drones armados y minas antipersonales, reflejan una preocupante escalada hacia conflictos de baja intensidad típicos de una guerra irregular. Las autoridades mexicanas han documentado estos hechos, enfatizando la urgencia de fortalecer las capacidades de inteligencia, contrainteligencia y la coordinación interinstitucional para hacer frente a estas amenazas emergentes.

La reorganización en el Área Estratégica Funcional de la seguridad, que contempla las reformas constitucionales, legales y procedimentales en materia de Seguridad Pública, Seguridad Nacional y las próximas iniciativas en materia de Seguridad Interior, así como la recien presentada iniciativa de reforma militar en materia de la Guardia Nacional¹ (que en ésta última implicó la reciente creación de nuevas coordinaciones territoriales bajo el mando operativo de la Guardia Nacional y supervisadas por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que vale la pena mencionar, se preveé que ahora tendrá facultades en materia de Seguridad Pública), puede interpretarse como una centralización clave destinada a optimizar las capacidades militares y civiles en la respuesta a estas amenazas híbridas. Por lo que parece, esta transformación estructural de la seguridad en México, busca específicamente adecuar la estructura militar mexicana a los desafíos contemporáneos de seguridad nacional.

En lo político, la concentración de poder observada actualmente, acompañada por una transición judicial y limitaciones crecientes a la libertad de prensa, presenta un contexto de vulnerabilidad interna que sucita preocupación, incertidumbre y riesgos a la estabilidad política y social.

México enfrenta hoy escenarios estratégicos que requieren acciones inmediatas, basadas en principios claros de la doctrina de seguridad nacional mexicana para la aplicación del Poder Nacional que reúna los recursos y medios de toda índole, disponibles y potenciales, organizados para su empleo estratégico desde cada uno de los respectivos campos del poder: Político, económico, social, militar, tecnológico y diplomático. La situación actual demanda no solo una respuesta táctica, sino una estrategia integral de largo plazo alineada con los intereses y objetivos nacionales permanentes.

Todos los mexicanos nos estamos viendo afectados por las múltiples crisis en curso, pero pocos se percatan de las consecuencias probables que vendrán en el mediano y largo plazo. Las tendencias, no son alentadoras en los distintos campos del Poder Nacional, que por decirlo de alguna manera, al evaluar la situación de la estabilidad, integridad, soberanía y viabilidad del Estado, los probables escenarios no pintan bien para México.

Como colofón de este artículo y ante la coyuntura que nos constriñe, vale la pena recordar aquella frase atribuída al ex presidente y dictador Porfirio Díaz, “México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Lo que nos recuerda la necesidad permanente de robustecer nuestra seguridad nacional con estrategias y políticas de Estado adecuadas y coherentes frente a las amenazas tradicionales y emergentes que enfrenta el Estado mexicano en este crítico momento histórico de inestabilidad, transición y cambio.

_{Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales. Publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 11 de junio de 2025. Disponible en línea en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/66/1/2025-06-11-1/assets/documentos/Ejecutivo_Iniciativa_Ley_GN_.pdf} ↩︎

¿Por qué las sociedades honran a sus caídos en combate? Una reflexión necesaria para México

26 mayo, 2025Jonathan Maza

Honrar a los caídos no es glorificar la guerra, sino dignificar el sacrificio por la paz y construir una memoria nacional más justa y humana.

“Muéstreme la manera en que una nación cuida a sus muertos y mediré con exactitud matemática la tierna misericordia de su gente, su respeto por la ley del país y su lealtad a los altos ideales”

William Ewart Gladstone

Cada año, Estados Unidos detiene su marcha el último lunes de mayo para honrar a sus soldados caídos en el Memorial Day, que es más que una tradición, pues se trata de un recordatorio del sacrificio, del deber y del vínculo profundo entre patria e historia. Esta práctica, sin embargo, no es exclusiva del mundo anglosajón; forma parte de la historia misma de la humanidad. En México, en contraste, aún nos debemos una fecha para recordar —con dignidad— a nuestros caídos, especialmente en la lucha diaria por la seguridad y la paz.

La memoria de los caídos en la historia

Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, honrar a los muertos en combate ha sido parte fundamental de la vida social y política de muchas naciones y pueblos. En Atenas, el funeral público era un ritual cívico que recordaba a todos los ciudadanos el valor de quienes habían muerto por la polis, como lo demuestra la historia con las exequias públicas de los soldados, como el célebre «Discurso fúnebre de Pericles«, que establecieron un canon cívico: el soldado muerto era un ejemplo de virtud y entrega al bien común. En la antigua Roma, las inscripciones y arcos triunfales inmortalizaban la gloria militar de sus héroes.

Con la modernidad, la veneración a los soldados caídos se transformó en una política de Estado y así nacieron los memoriales, cementerios nacionales y fechas oficiales para conmemorarles. La razón de fondo es clara: recordar a los caídos no sólo honra su sacrificio, sino que refuerza la memoria colectiva, la identidad nacional y el tejido moral de la comunidad.

¿Por qué conmemoramos a los caídos en combate?

La sociología y la antropología nos ofrecen claves para entender por qué las sociedades naturales como la familia y la nación rinden homenaje a sus muertos, especialmente a quienes de manera virtuosa y heroica entregan su vida al servicio de sus familias, comunidades y naciones.

Émile Durkheim, sociólogo y filósofo francés, considerado uno de los padres fundadores de la sociología junto con Karl Marx y Max Weber explicaba que los rituales colectivos, como los funerales militares, son esenciales para mantener la cohesión social. Maurice Halbwachs, filósofo y sociólogo francés, reconocido por desarrollar el concepto de memoria colectiva hablaba de ésta como un proceso que da sentido al pasado desde el presente. Y Benedict Anderson, reconocido historiador, politólogo y ensayista conocido por su obra «Comunidades Imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo» sostenía que las naciones se construyen a través de símbolos compartidos, precisamente como los mártires y en los Estados seculares los héroes, soldados y policías caídos en combate y vinculados a los valores más sublimes como los valores patrios.

Honrar a los caídos, entonces, no es solo un acto de piedad o respeto, podríamos afirmar que es un mecanismo civilizatorio, de construcción de cultura de una comunidad nacional.

El caso de Estados Unidos y sus caídos en combate

El Memorial Day estadounidense tiene su origen tras la Guerra Civil, como una forma de rendir homenaje a los soldados caídos decorando sus tumbas con flores. La primera observancia nacional tuvo lugar el 30 de mayo de 1868 en el Cementerio Nacional de Arlington y con el tiempo, la conmemoración se extendió para honrar a todos los militares estadounidenses que han muerto en servicio. Fue hasta el año 1971, que se estableció como un día feriado federal oficial en el que se honra a más de un millón de caídos en distintas guerras, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta las más recientes guerras en Medio Oriente. Se trata pues de una fecha de solemnidad, pero también de unidad nacional para ese país.

De manera singular, desde hace muchos años me ha llamado la atención esta conmemoración estadounidense, especialmente en lo que respecta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que incluso mantiene en su sede central en Langley, Virginia, un Muro de las Estrellas para los agentes caídos. Cada estrella representa un agente caído en cumplimiento de su deber, muchos de los cuales permanecen anónimos por razones de seguridad y confidencialidad operativa. En aquel muro se encuentra la frase inscrita que dice: «In honor of those members of the Central Intelligence Agency who gave their lives in the service of their country» («En honor a aquellos miembros de la Agencia Central de Inteligencia que dieron su vida al servicio de su país»). El anonimato de muchas estrellas no ha implicado el olvido de aquellas personas, sino una muestra de respeto por el trabajo silencioso de aquellos agentes y sus familias para proteger y servir a su país.

¿Y México? El silencio oficial y social ante los caídos

En México no tenemos un día oficial dedicado a los soldados, marinos y policías caídos en cumplimiento del deber. Existen homenajes aislados, actos castrenses, momentos de silencio, pero no una fecha nacional para su reconocimiento público y conmemoración. Y esto ocurre en un país en donde, desde principios del siglo XX, más de seis mil elementos de seguridad han muerto enfrentando al crimen organizado.

¿Por qué no existe esta costumbre generalizada? Me parece necesario cuestionarnos las razones para afrontarlas, repensarlas y modificar nuestra actitud ante una realidad que, desde mi punto de vista, requiere un reconocimiento para comenzar a forjar una conciencia nacional sobre la heroicidad ante la trágica pérdida de conciudadanos mexicanos a lo largo de casi veinte años de lucha contra el crimen organizado. Porque nuestras instituciones de seguridad han sufrido desgaste, críticas y en algunos casos desconfianza, porque la guerra que vivimos —aunque no se le llame así— ha sido fragmentada, con duelos privados, no colectivos.

Estamos viviendo un tiempo distinto en México, producto de un cambio de época que requiere construir civilización. Considero indispensable comenzar a cambiar nuestra visión de la vida y de la muerte en los conflictos que hemos enfrentado —y seguimos enfrentando— los mexicanos, especialmente de aquellos que de manera virtuosa han considerado vivir y dar su vida por la paz, la seguridad y la defensa de nuestra patria. No por militarismo, sino por justicia histórica, memoria e identidad nacional.

Conmemorar y honrar a quienes han dado su vida por defender a otros es un acto de civilidad. Nos obliga a no olvidar que la paz que buscamos los mexicanos, síntesis de un aspiración nacional anhelada desde nuestra génesis como nación, está construida —a veces— sobre vidas entregadas en silencio. Policías en municipios rurales y urbanos, soldados en zonas marginadas, en la sierras, marinos en costas y mares peligrosos, agentes ministeriales y de investigación de distintas corporaciones que nunca volvieron a casa.

Necesitamos un memorial, necesitamos una fecha que nos recuerde y nos devuelva a la vida el anhelo de justicia, paz y seguridad en la memoria de quienes en el anonimato muchas veces fenecen en la cotidianidad para proveernos seguridad. Necesitamos una narrativa que reconozca el valor de quienes mueren sirviendo, sin importar si visten uniforme militar o policial.

Una propuesta: Un Día Nacional por la Paz y los Caídos

Propongo considerar el 21 de junio —solsticio de verano, símbolo de luz y renovación— como un posible Día Nacional por la Paz y los Caídos, como un día para honrar a quienes cayeron buscando un México más seguro, más justo, más vivible y pacífico. Tal y como se imprime en el carácter de nuestra historia, memoria e identidad nacional, este día no sería para glorificar la guerra, sino para reconocer el valor de quienes eligieron proteger, servir y defender la paz con seguridad a la que aspiramos las y los mexicanos.

La memoria no es solo mirar al pasado, es elegir, desde el presente, qué queremos ser como país, es decir es conmemorar y proyectar nuestra identidad. ¿Es tiempo de dar ese paso?

¿Qué opinas? Comparte este artículo si crees que México debe construir una memoria digna para quienes han dado su vida en la lucha por la paz.
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