El primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum marca un punto de inflexión en la política de seguridad pública y la seguridad nacional: México transita de la retórica a los resultados, de la ideología a la inteligencia.
La comparecencia del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante el Senado de la República, no fue solo un ejercicio de rendición de cuentas, sino un acto de afirmación política: el Estado mexicano está recuperando su capacidad para gobernar el territorio y controlar la violencia. Para algunos, el discurso marcó una ruptura silenciosa con el pasado reciente, para otros, se trata de algo más cercano a un cambio sin ruptura. Donde antes hubo promesas morales, hoy se presentan datos, resultados y estructuras para demostrar que la seguridad, por primera vez en mucho tiempo, se explique desde la eficacia.
Hacia el Segundo piso de la Transformación en materia de seguridad: El Estado recupera el terreno
En el análisis del discurso del secretario García Harfuch, durante su comparecencia ante el Senado, es claro que su intención política es dejar ver que México está entrando en una nueva etapa de la Cuarta Transformación: una donde la seguridad ya no se define por la narrativa, sino por la capacidad del Estado para producir resultados medibles y sostenibles.
Más allá de los números —que fueron muchos y contundentes—, el mensaje político fue otro: la reconstrucción institucional de la seguridad pública como columna vertebral del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso, lo que escuchamos no fue un simple discurso para aplaudir logros, sino una hoja de ruta hacia un proyecto más ambicioso, una Seguridad de Estado, moderna, tecnificada y basada en inteligencia, pero que tendrá costos tanto de recursos como de un nuevo pacto social en materia de libertades para los ciudadanos.
De este argumento nacen las recientes reformas constitucionales y legales que en materia de seguridad se han legislado en el último año, objeto de críticas por parte de distintos actores que las han considerado como contrarias a las libertades ciudadanas y la progresividad de los derechos humanos.
Durante los pasados seis años, la seguridad en México fue explicada desde una narrativa moral: “los buenos contra los corruptos”, “los abrazos contra los balazos”. Esa narrativa tuvo su momento histórico para ayudar a la implantación de un nuevo régimen, pero también ha tenido sus límites.
Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la estrategia parece haber virado hacia un terreno distinto: la eficiencia institucional, la coordinación federal-territorial y la profesionalización policial para darle sostén a la segunda etapa del proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), del que la presidenta Sheinbaum forma parte, además como su primera presidenta emanada de ese movimiento político sin orígenes en el antiguo régimen.
En un Senado con mayoría oficialista y una oposición testimonial, el secretario Harfuch presentó cifras que hablan de un país que, pese a sus heridas, empieza a recuperar capacidad operativa y confianza institucional. La disminución del 46% en homicidios dolosos respecto a 2018, el desmantelamiento de más de 1,500 laboratorios de metanfetaminas y la captura de más de 35 mil generadores de violencia son datos que por sí solos envían un mensaje inequívoco: el Estado está volviendo a ejercer control sobre el territorio.
Pero no se trata solo de números, se trata de una reconstrucción del Estado mexicano desde su arquitectura más sensible: la seguridad.
El nuevo mapa de la seguridad en México
Los estados y regiones mencionados en el discurso —Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas y la frontera norte— no fueron elegidos al azar. Son, al mismo tiempo, los nodos industriales del país y los principales corredores del crimen organizado.
El mensaje es claro: la seguridad y el desarrollo económico ya no son temas separados. En un contexto de nearshoring, inversión energética y relocalización industrial, la prioridad del gobierno federal es proteger la infraestructura crítica y las cadenas de suministro, especialmente en el centro y norte del país.
El despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en siete entidades fronterizas y los decomisos récord de cocaína, armas y fentanilo no solo reflejan eficiencia operativa: reafirman la voluntad política de construir, desde el lado mexicano de la frontera, un muro de soberanía basado en inteligencia y acciones con impacto estratégico, no únicamente en retórica, especialmente en un contexto enorme presión desde Estados Unidos con la administración Trump.
Cooperar sin subordinarse
Un aspecto poco comentado, pero de enorme relevancia estratégica, es la nueva relación con Estados Unidos. El traslado de 55 criminales de alto perfil a cárceles estadounidenses es un gesto calculado: muestra disposición a cooperar, pero también capacidad de decisión soberana, eso sí, a sabiendas de la relación asimétrica existente.
Harfuch ha logrado lo que pocos funcionarios en los últimos sexenios: ser interlocutor confiable para Washington sin renunciar a la narrativa nacionalista que caracteriza a la 4T. Esa habilidad, forjada en su trayectoria como policía y como político, lo convierte hoy en uno de los actores más influyentes y con mayor proyección rumbo a 2030.
La paz como un bien público del Estado
Quizá el mensaje más importante del discurso no fue dicho con palabras, sino con estructura: cada logro, cada cifra, cada operación fue presentada como resultado de la coordinación interinstitucional entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Guardia Nacional y gobiernos estatales.
Esa forma de presentar los resultados transmite una idea central: la seguridad no depende de una persona, sino de un sistema. Un sistema que, con sus imperfecciones, comienza a funcionar con lógica propia.
El concepto de paz duradera aparece no como una promesa ética, sino como una meta institucional medible: inteligencia criminal, presencia territorial y disminución comprobable de delitos.
Se trata, en síntesis, de volver a gobernar el territorio desde la política pública del Estado, y no desde la reacción o la improvisación.
Un nuevo ciclo político
La presidenta Sheinbaum sabe que la seguridad será el termómetro de su sexenio. De cara a la elección intermedia de 2027 que renovará la Cámara de Diputados y a la eventual consulta de revocación de mandato, los avances en este rubro podrán definir el rumbo político de su gobierno y del legado del que ella forma parte.
Por eso, el discurso de Harfuch ante el Senado, más que una simple comparecencia, debe leerse también como un mensaje político interno: el gabinete de seguridad tiene rumbo, método y resultados. En una administración que busca consolidar su propio sello dentro de la Cuarta Transformación, la seguridad se ha convertido en el puente entre la legitimidad política y la eficacia técnica.
México parece estar dejando atrás la etapa de las narrativas para entrar a la de los resultados, por ello, ahora el reto será sostener esos resultados en el tiempo, garantizar que no dependan de nombres o coyunturas, sino de instituciones sólidas, confiables y permanentes.
La seguridad no es una meta: es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, y quizá por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano comienza a mostrar que ha aprendido a aprender.
El discurso de Harfuch no fue el cierre de un ciclo, sino el inicio de uno nuevo: El de un país que, con todas sus contradicciones, vuelve a creer que puede gobernar su destino desde la inteligencia, la ley, la coordinación y la cooperación.
Jonathan Maza 