En este episodio del podcast Un Extraño Enemigo, conversamos sobre la crisis que estalló en Ecuador comenzando el año 2024. Participa como invitado especial Edgar Vivanco, Director General de STRATOP Risk Consulting y Jonathan Maza, ambos especialistas en Seguridad Nacional y fuerzas armadas. Visita el sitio web de nuestro aliado institucional del podcast, STRATOP Risk Consulting en www.stratoprisk.com
Mauricio D. Aceves y Jonathan R. Maza.
Las advertencias de Casandra, dotada con el don de la clarividencia y después castigada con el designio de que sus profecías no serían jamás creídas, fueron desestimadas durante la guerra de Troya, implicando el desenlace trágico de la ciudad. Este mito se ha citado repetidamente en el circuito de la comunidad de la inteligencia y la literatura de prospectiva estratégica, y en ocasiones recuerda la conflagración entre el conocimiento y la verdad desestimada, ya sea por ausencia de criterio, de inteligencia procesable o por elección.
En la actualidad, la cooperación en materia de inteligencia y de seguridad internacional encuentra entre sus principales retos el sacrificio de la estrategia de largo plazo por la táctica coyuntural y el reconocimiento de la necesidad de actualizar la operatividad diaria, especialmente en tareas de planeación y detección de riesgos. Ignorar la prospectiva de un amplio espectro de elementos en movimiento que inciden en las relaciones internacionales implica correr la suerte de ser jugadores en juegos desconocidos.
Ciertamente hay inercias geopolíticas, pero también coyunturas y cisnes negros que inciden y modifican el panorama internacional. Sin duda, 2023 se convirtió en un periodo habitado por elementos históricos disruptivos para la estabilidad internacional con altas implicaciones en el deterioro de la seguridad humana y que alimentan amenazas y riesgos internacionales. De manera adyacente, es posible observar tendencias que condicionan las perspectivas regionales en torno a la seguridad. En este escenario, surge un póker de tendencias de naturaleza volátil: a) el establecimiento de relaciones fácticas entre Estados; b) el auge de actores no estatales, especialmente corporaciones que participan en el campo de la innovación, o funciones relativas a la defensa; c) un mayor peso de la defensa y la venta de armas en la política internacional, y d) la aplicación de usos duales, civiles y militares, de la inteligencia artificial. En conjunto e individualmente, y en distintas intensidades, se trata de fuerzas que moldean el entendimiento estratégico y amplían el espectro de atención de distintas disciplinas ligadas a la geopolítica.
En el caso del establecimiento de canales fácticos de cooperación, se trata de un fenómeno con mayor relieve debido al contexto geopolítico. Suelen ser desarrollados por Estados que no cuentan con relaciones formales, especialmente para lograr acuerdos de cooperación en campos limitados a objetivos concretos y mediante agencias o instituciones pertenecientes al Estado. Lo anterior puede ocurrir cuando no hay un reconocimiento formal entre gobiernos, por ejemplo, el caso de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que durante décadas han mantenido canales de diálogo intermitentes con objetivos limitados, especialmente relacionados con la conectividad, sin necesidad de una posible adhesión de Riad a los Acuerdos de Abraham. Las garantías de continuidad de la cooperación se mantienen por medio de la existencia de voluntades políticas, la contribución de intermediarios y la posibilidad abierta de constituir acuerdos formales.
En una trama distinta, el empleo de sanciones económicas como instrumento de presión también promueve, colateralmente, terrenos proclives para la creación de arquetipos de lazos informales a fin de evadir dichas sanciones y para mantener acuerdos. Es el caso de los gobiernos establecidos mediante golpes de Estado recientes en Burkina Faso, Sudán, Níger y Gabón. En una categoría separada, existe un proliferación y empoderamiento de grupos en búsqueda de expandir su reconocimiento o atracción de apoyo internacional como figuras de gobierno, en el que se encuentran los casos de Hezbolá en el Líbano, las Fuerzas de Acción Rápida en Sudán, el Ejercito Nacional Libio o el Movimiento Huthi en Yemen, entre otros, cada uno con características y vocaciones únicas, usualmente cuentan con capacidades de interlocución ante gobiernos que siguen una agenda activa, ya sea en dinámicas de cooperación o enfrentamiento en relación con Estados, frecuentemente incidiendo en la estabilidad regional.
En una atmósfera de alta inestabilidad, las empresas militares o contratistas de defensa (en caso de ser partícipes en hostilidades directas son reconocidas bajo el estatus de mercenarios, de acuerdo con el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949) han alcanzado una importancia de primer orden. Quizá el Grupo Wagner o el grupo Patriot sean los ejemplos más representativos como consecuencia del gran número de activos de distintas nacionalidades, especialidad, armamento disponible y por su capacidad de operar en una extensión geográfica que considera desde la costa este del Sahel y África occidental en el Atlántico hasta el Mediterráneo oriental y Europa del Este. Ante los avances registrados, que usualmente han sido vinculados a presuntas perpetraciones de crímenes de guerra, este modelo podría conseguir réplicas que, a su vez, pueden resultar definitorias en el desarrollo o el surgimiento de conflictos y la (in)estabilidad nacional o regional. La reinstalación operativa de Executive Outcomes después de 2 décadas de ausencia o expansión del ámbito de acción de Academi (antes Blackwater), más allá de la capacitación militar, sino trascendiendo en el rubro de la inteligencia y la industria militar, son indicios de esta tendencia.
La ascendencia de actores no estatales en la geopolítica no es una novedad. Sin embargo, la exposición de ellos en relación con la seguridad queda expuesta cada vez con mayor claridad, lo que se percibe en el desarrollo de conflictos por medios no convencionales. Detrás del telón, el incremento de la dependencia de los Estados en el sector privado en aspectos vinculados al desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías de uso dual y la recopilación masiva de datos se convierte en otro frente decisivo en persecución de nuevas regulaciones. Adicionalmente, se percibe en la calidad determinante de empresas durante el transcurso de conflictos híbridos o para apuntalar las operaciones de los aparatos del Estado en el ámbito de la defensa. Por ejemplo, la banda ancha provista por Starlink en Ucrania se ha convertido en un elemento primario durante el desarrollo del conflicto, no solo haciendo posible las comunicaciones y las ciberoperaciones, sino también contando con relevancia táctica en el frente.
En una atmósfera de alta inestabilidad, las empresas militares o contratistas de defensa han alcanzado una importancia de primer orden.
La integración del quinto dominio, el ciberespacio, la informática y la vinculación con sectores críticos para la seguridad han originado que la ciberseguridad ocupe un lugar vertebral dentro de los protocolos operativos de inteligencia, dando lugar también a la ciberinteligencia. El desarrollo de estas nuevas capacidades propias del Estado es fundamental, por lo que la agenda de cooperación técnica entre gobiernos se ha ampliado sustantivamente para ampliar las capacidades de defensa y ahora de ciberdefensa. En este sendero, la contratación de terceros actores que permitan llevar a cabo ciberoperaciones también se ha convertido en una constante. La incursión de nuevos actores y la saga de ciber ataques a sectores críticos registrados en todas las latitudes incrementan la alarma y la necesidad de asumir responsabilidades en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. En sentido opuesto, las ciberoperaciones ofensivas, propias u ordenadas por terceros, proporcionan herramientas en las que las instituciones no se encuentran directamente implicadas, primordialmente en actividades como el sabotaje, robo de información, espionaje, operaciones psicológicas, entre otros, las cuales pueden ser desplegadas con efectividad a bajo costo y con la protección de un paraguas de ambigüedad en la atribución y la percepción de proporcionalidad. Estas coordinadas adoptan un norte que apunta en dirección a la ampliación de zonas grises y guerras híbridas.
Pese a que, tradicionalmente, la creación de alianzas y acuerdos diplomáticos han contado como base de la seguridad y el interés nacional invariablemente, en un clima de mayor multipolaridad, este fenómeno puede presentar variaciones atípicas, aumentando las transferencias de armas e incluso alterando las políticas respecto al gasto militar, substancialmente ante las tensiones en Europa del Este y el Sudeste Asiático. Los acuerdos en materia de defensa y vinculados a la adquisición de armamento, se han convertido en uno de los principales ejes de la diplomacia, incluso en negociaciones que no se encuentran directamente ligadas a la defensa.
Por otro lado, la negación de la venta de armamentos puede igualmente comprometer negociaciones e incluso generar fricciones diplomáticas. Los obstáculos a la venta de F-16 Block 70 o de Eurofighter Typhoon a Türkiye (los miembros del consorcio de Eurofighter GmbH, también han impuesto negativas a la venta de Eurofighters a Arabia Saudita), son negociaciones que han causado controversias al interior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia sobre el conflicto en Palestina advirtió tempranamente que las condiciones que se desarrollaban desencadenarían hostilidades armadas, afectando significativamente la estabilidad social, económica y política del mundo árabe, así como las relaciones comerciales y estratégicas de Estados Unidos en Oriente Próximo, además del aumento en la intensidad del conflicto sin la intervención internacional. Estos párrafos no fueron redactados en el otoño de 2023 sino décadas atrás, en noviembre de 1947, y desclasificados en 2013.
Quizá la sombra de Casandra está destinada a acompañar a la geopolítica mediante distintas personificaciones, pero, ciertamente, si se quieren obtener certezas para la planeación nacional estratégica, será necesario involucrar a un mayor rango de actores, aumentar la integralidad de acciones mediante esfuerzos interinstitucionales complementarios, y adoptar nuevos conceptos que corresponden a una realidad caracterizada por los vínculos en zonas grises. La inteligencia civil y militar del Estado experimenta transformaciones notables impulsadas, principalmente, por la proliferación de la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia y el uso de tecnologías exponenciales en operaciones de inteligencia y ciberinteligencia. Sin embargo, la fiabilidad de la automatización ha presentado fallas que producen alertas. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, entre otros eventos de impacto geopolítico, invita al replanteamiento de los modelos de actuación de la inteligencia militar y civil dependiente de sistemas automatizados y digitales, debido a las vulnerabilidades observadas en algunas de las agencias de mayor sofisticación y tecnificación a nivel internacional.
La interacción entre los elementos de la actualización de las agencias de inteligencia, la previsión del planteamiento de los nuevos desafíos por parte de la diplomacia, así como de un balance regulatorio prospectivo, debe ser un trinomio inseparable con miras a la adaptación de las capacidades del Estado. Los avances tecnológicos amplían la cadencia de capacidades de todo tipo, pero al unísono se enfrentan a un abanico de amenazas más diverso. El futuro de los conflictos y de las amenazas en torno a la seguridad internacional se encuentra en proceso de restructuración, y mantener ventajas tácticas mediante el factor sorpresa requiere cada vez de desarrollos tecnológicos propios, su dominio y de mantener una autonomía estratégica en el futuro, así como la combinación de destrezas convencionales, la identificación de una gama híbrida de actores y la comprensión de las lecciones aprendidas de escenarios pasados y aquellos actualmente en desarrollo.
MAURICIO D. ACEVES es consultor en asuntos migratorios, fronterizos y de política exterior, así como analista de temas contemporáneos del Medio Oriente, Asia Central y Europa del Este. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas por la Escuela de Políticas Públicas, cuenta con un diplomado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia por el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa y uno en estudios de Gobernanza Global por el German Institute of Development and Sustainability en Bonn. Sígalo en X (antes Twitter) en @DaanMaur.
JONATHAN R. MAZA VÁZQUEZ es Director de Estrategia e Inteligencia en STRATOP Risk Consulting. Es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional (Sedena) y cuenta con estudios en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (SEMAR). Es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Además, es miembro de la Red de Exbecarios de Programas del Gobierno de Estados Unidos en México y miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígalo en X (antes Twitter) en @jonathanmaza.
El debate a estas alturas debiera ser otro en lo que respecta a la Política de Ciencia y Tecnología que debe tener México, una que funcione y apalanque el Desarrollo y la Seguridad Nacional, considerando la realidad geopolítica de México en un contexto global de competencia industrial y tecnológica entre potencias y polos de innovación regionales
Por Jonathan R. Maza.
Primero ,un poco de contexto. El 16 de marzo de 2016 el Pleno del Senado de la República votó con 81 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que defendieron en la tribuna los Senadores de entonces: Patricio Martínez García (PRI), Marco Antonio Olvera Acevedo (PRI), Mario Delgado Carrillo (PRD) y Juan Carlos Romero Hicks (PAN).
Dicha iniciativa, que fue presentada casi 3 años antes por el Senador Alejandro Tello Cristerna (PRI), proponía la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, argumentando que, por distintas razones, “México se encuentra rezagado en el fomento de una política científica y tecnológica, a pesar de los esfuerzos y resultados obtenidos en las últimas décadas“.
También, mencionaba el Senador Tello en la exposición de motivos que “en México el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se han convertido en los últimos años en instituciones clave en las tareas relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y el auxilio a la población en caso de desastre“ y que resultaba fundamental que las actividades desarrolladas por la SEDENA y SEMAR se vincularan directamente con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país en los ámbitos de atención de desastres y de seguridad nacional, pues argumentaba que resulta estratégico para garantizar una mejor atención en estos temas.
El trayecto de esta iniciativa, aprobada en la Cámara de Senadores y que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y en su caso para su aprobación, da cuenta de que fue recibida el 29 de marzo de 2016 como Minuta con el Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología. Han transcurrido 5 años para que este importante asunto se analizara, discutiera y votara nuevamente hasta su aprobación recientemente por la Cámara de Diputados el 13 de abril de 2021 y que ahora falta que se discuta y vote en la Cámara de Senadores para su aprobación final o que pase a la deshonrosa situación de la congeladora legislativa, en el tortuoso camino que otras leyes y reformas han padecido.
Resulta controversial entre algunos líderes de opinión, el hecho de que las Fuerzas Armadas participen, a través de los titulares de las dos Secretarías de Estado que las componen, en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, pues las voces en contra alarman de la “militarización“ de la ciencia y la tecnología en México.
Sin embargo, este alarmismo que surge entre esas voces ante las circunstancias políticas actuales, habla más del desconocimiento de la reforma propuesta, así como de los legisladores que la han analizado y votado a lo largo de casi 8 años de la ruta legislativa que ha tenido, es decir, olvidan o desconocen quienes claman una “militarización“ en este rubro, que la inclusión de la SEDENA y SEMAR en el órgano del Estado Mexicano, rector de la Política de Ciencia y Tecnología, es una propuesta realizada desde otra época y que nada tiene que ver con “militarizar“, sino incluir, como un igual entre sus pares, a estas secretarías que tendrán el mismo nivel y participación como ya lo hacen los titulares de Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Desarrollo Rural, Energía, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comunicaciones y Transportes.
El debate a estas alturas debiera ser otro en lo que respecta a la Política de Ciencia y Tecnología que debe tener México, una en donde el Sistema Nacional en la materia de verdad funcione y apalanque el Desarrollo y la Seguridad Nacional, considerando para ello la realidad geopolítica de México en un contexto global de competencia industrial y tecnológica entre potencias y polos de innovación regionales, además debería vincular la política de innovación científica y tecnológica con una política industrial que aproveche y forme el talento en las distintas áreas de las ciencias e ingenierías en los que el país destaca a nivel mundial, aprovechando las nuevas tecnologías y la digitalización de la economía en distintas actividades productivas.
Para los países más desarrollados no es un debate la participación de sus Fuerzas Armadas en labores de investigación científica y tecnológica, sino más bien se discute y analiza cómo deberán de ser los esfuerzos nacionales de recuperación post-pandemia, para impulsar la producción de innovaciones que los pongan de nuevo a la vanguardia del desarrollo y sostengan las capacidades de su Poder Nacional, para ejemplo de ello, basta con observar el impulso que los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Rusia, China o Brasil dan al involucramiento de su estamento militar en desarrollos tecnológicos de avanzada en medicina, telecomunicaciones, la IA, el Internet de las Cosas, la ciberseguridad y la re-industrialización de sus economías.
Jonathan Maza 