Seguridad y Defensa – Página 5

Análisis de la nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno de México: Desafíos y Perspectivas

El 8 de octubre de 2024, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su nueva Estrategia de Seguridad, un plan que busca enfrentar la creciente violencia y el crimen organizado en México. Esta estrategia se propone continuar los esfuerzos de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero con un enfoque renovado que destaca la centralización de la coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad y la búsqueda de soluciones a las causas sociales y económicas del crimen.

Objetivos y Pilares de la Estrategia

El principal objetivo de la nueva estrategia es reducir los crímenes de alto impacto, tales como homicidios, secuestros y extorsiones, vinculados al crimen organizado. La seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas de alto riesgo, será una prioridad. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la Guardia Nacional, a la vez que se promueve un enfoque más integral para abordar las raíces del crimen.

La estrategia se basa en tres objetivos clave y cuatro pilares:

Disminuir los crímenes de alto impacto: La violencia vinculada al crimen organizado, como los homicidios y los secuestros, son el blanco principal. Además, se pondrá especial atención a delitos como la extorsión y el robo de carreteras.
Neutralizar los generadores de violencia: Esto implica centrarse en las redes criminales y los principales actores responsables de la violencia en cada uno de los 32 estados del país. Las áreas de alta criminalidad serán el foco de operaciones de seguridad más intensas.
Fortalecer la prevención local: La prevención será clave en la lucha contra el crimen, con énfasis en fortalecer las capacidades de la policía local para mejorar la proximidad con la comunidad.
Abordar las causas sociales y económicas del crimen: Se continuará con programas sociales como «Jóvenes Construyendo el Futuro» y se buscará involucrar a todos los sectores del gobierno para crear alternativas viables para los jóvenes en riesgo de unirse a grupos delictivos.

Consolidación de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Una de las medidas más significativas de esta estrategia es la transferencia de la Guardia Nacional (GN) al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que consolidará la presencia militar en el ámbito de la seguridad pública. Este movimiento ha generado controversia debido a los señalamientos de algunos sectores sobre una militarización de las funciones de seguridad, lo que podría traducirse en un mayor uso de la fuerza y en un incremento de enfrentamientos con organizaciones criminales.

No obstante, la Guardia Nacional también asumió funciones de investigación criminal como auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR), y se están realizando esfuerzos importantes por profesionalizar y capacitar a sus elementos para que actúen de forma más eficiente y profesional.

Fortalecimiento de la Inteligencia y la Coordinación Interinstitucional

El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para coordinar sus esfuerzos en diversos niveles. La creación del Sistema Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento de las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son pasos cruciales para integrar la información de las diversas agencias de seguridad, como Defensa (SEDENA), Marina (SEMAR), la SSPC, la FGR y las fiscalías estatales.

Una de las claves de este enfoque es la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y estatales, lo que permitirá una respuesta más eficaz ante los retos del crimen organizado, especialmente en regiones como la frontera norte, que enfrenta desafíos específicos debido a la violencia y el narcotráfico.

Desafíos y Críticas a la Estrategia

A pesar de las buenas intenciones, la nueva estrategia enfrenta varios desafíos estructurales y operativos. En primer lugar, la dependencia operativa de la seguridad pública en las capacidades militares genera preocupaciones sobre la eficacia de los resultados en la construcción de un entorno de seguridad pública y la posible vulneración de derechos humanos, un tema que ha sido recurrente durante la administración de López Obrador. El rol creciente de las Fuerzas Armadas, tanto en el control de la Guardia Nacional como en la ejecución de operaciones de seguridad, podría llevar a una mayor confrontación con los grupos criminales, aumentando la violencia y los daños colaterales en zonas ya afectadas por el crimen.

Otro aspecto que genera inquietud es la ineficiencia de los programas sociales. A pesar de los esfuerzos por ofrecer alternativas a los jóvenes vulnerables, los incentivos económicos de los programas sociales no han logrado reducir de manera significativa las tasas de criminalidad. Existe el riesgo de que los recursos sean aprovechados por las organizaciones delictivas y sus familiares, perpetuando el ciclo de violencia en lugar de romperlo.

Asimismo, la reestructuración de las instituciones de seguridad e inteligencia podría generar problemas de coordinación entre las diversas agencias, con el riesgo de que el flujo de información no sea tan eficiente como se espera.

Impacto en la Frontera Norte

Uno de los estados más afectados por esta estrategia será Baja California, que, en 2024, registró una de las tasas más altas de homicidios intencionales. Las disputas territoriales entre cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son una de las principales causas de esta violencia. Aunque la región ha recibido una inversión histórica de 280.4 millones de pesos para seguridad pública, las condiciones de la frontera siguen siendo complejas, especialmente en áreas como el Valle de Mexicali, donde la violencia persiste.

La estrategia deberá enfocarse en fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y locales, especialmente en zonas de alto riesgo, para mejorar la eficacia en el combate al crimen organizado.

Conclusión

La nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno de México tiene el potencial de ser un paso positivo hacia la reducción de la violencia en el país, pero depende de su correcta implementación y de la capacidad del gobierno para superar los numerosos desafíos que enfrenta. La dependencia operativa de la seguridad en las fuerzas armadas, la falta de eficacia de los programas sociales y la coordinación interinstitucional son solo algunos de los obstáculos que podrían limitar su éxito.

Es necesario, como ya lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, un enfoque integral que no solo se enfoque en la acción represiva, sino que también aborde las causas profundas de la violencia y el crimen, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en todos los niveles del gobierno. Solo entonces será posible crear un México más seguro y con una mayor justicia social.

¿SEDENA o ‘Defensa’?

19 noviembre, 202416 abril, 2025Jonathan Maza

📺 #EnMedios | ¿SEDENA o ‘Defensa’? Entrevista de Jonathan Maza para El Financiero, en el programa Gabinete de Seguridad con Ana María Salazar, sobre el nuevo cambio semántico (para nada menor) del acrónimo SEDENA a utilizar la palabra ‘Defensa’ para referir a la Secretaría de la Defensa Nacional.

https://twitter.com/i/status/1856946424631464150

A New Security Model in Mexico: The Super Secretariat of Security led by Omar García Harfuch

6 noviembre, 20245 noviembre, 2024Jonathan Maza

ANALYSIS OF THE BILL TO AMEND ARTICLE 21 OF THE MEXICAN CONSTITUTION REGARDING PUBLIC SECURITY.

By Jonathan Maza

The recent reform proposal to Article 21 of the Mexican Constitution^[1] outlines a fundamental change in the structure and functions of the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSPC), transforming it into an institution with expanded powers not only in public security but also in national security coordination. This reform aims to strengthen crime fighting and reduce criminality by equipping the SSPC with the tools to investigate crimes, coordinate intelligence gathering and analysis in public security, and lead joint operations across various levels of government.

A Significant Change in the Security Model

Omar García Harfuch, accompanying Claudia Sheinbaum, during the presentation of the National Security Strategy.

One of the most notable aspects of the reform is the integration of the SSPC in crime investigation, enabling it to act as a central intelligence and coordination body. With these powers, the SSPC could become a Super-Ministry, as, under the direction of the Federal Prosecutor’s Office, it will be able to conduct investigations and execute arrest warrants, in addition to coordinating all public security institutions nationwide. This centralization of functions could, in theory, increase the effectiveness of security operations by allowing the SSPC to take an active and strategic role in intelligence collection and usage.

However, this change raises questions about its implementation and potential consequences. Centralizing authority within the SSPC could create tensions among the various security agencies in the country, which have historically operated autonomously and with varying levels of coordination. The constitutional reform seeks to address these challenges by establishing the Executive Secretariat of the National Public Security System (SNSP), tasked with standardizing criteria and protocols across all levels of government. Nevertheless, effective standardization and coordination among all security agencies remains a challenge in Mexico, and the success of this reform will depend on the SSPC’s ability to overcome this historical barrier.

Coordination with Military and Naval Intelligence: Advantage or Risk?

Another important feature of the reform is the SSPC’s authority to coordinate the intelligence system in public security and request information from the Attorney General’s Office (FGR), states prosecutors, states and local police forces, as well as intelligence from the National Guard and military forces. This capability could streamline information flow and improve operational effectiveness, giving the SSPC a comprehensive operational capacity and a panoramic view of the country’s security landscape. However, this expanded authority could also create friction with other institutions, particularly those under the control of the Secretariat of National Defense (SEDENA) and the Secretariat of the Navy (SEMAR), as the SSPC will act as a recipient and coordinator of sensitive information originating from military intelligence.

Moreover, as the SSPC will depend on the operational capabilities of SEDENA (through the National Guard) and SEMAR to carry out joint security operations, it must find a balance between effective collaboration and the necessary autonomy to preserve its original mandate. Potential risks include an increasing militarization of public security policies and the blurring of the line between public security and national security, which could face resistance from civilian entities and national and international human rights organizations.

Challenges and Future Prospects

Omar García Harfuch walks the streets of Culiacán (Sinaloa) with the head of the Secretary of National Defense. On October 8, 2024.

The reform also grants the SSPC the authority to «coordinate» and «request information» from states and municipal agencies. This could shift the balance of power in public security between different levels of government, concentrating more control in the federal sphere. While this coordination could enhance cohesive responses to security issues, it also poses a considerable challenge regarding states autonomy and the SSPC’s operational and technological capacity to implement and execute this centralized vision.

In conclusion, this reform to Article 21 is an ambitious attempt to consolidate a more robust and effective security strategy in Mexico. By granting broad powers to the SSPC, the Mexican government seeks to centralize and optimize the fight against crime and violence. However, the effectiveness of this reform will depend on factors such as the SSPC’s ability to manage its new responsibilities without creating interagency conflicts, effective collaboration with the armed forces and the National Guard, and the ability to coordinate seamlessly with all levels of government, where governors play a key role in facilitating or hindering federal efforts. The transformation of the SSPC into a Super-Ministry represents a significant challenge and, at the same time, an opportunity to reconfigure Mexico’s public security strategy.

_{[1] Constitutional Reform Initiative Submitted by the President of Mexico, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, to the Senate of the Republic on October 30, 2024.}

About the author

Jonathan Maza is a specialist in National Security and intelligence in Mexico. He is currently the Director of Strategy and Intelligence at STRATOP Risk Consulting and a Partner at NORA Intelligence. He holds a Master’s degree in National Security from the National Defense College (SEDENA) and a Bachelor’s degree in International Relations with a specialization in International Politics and Diplomacy from the Popular Autonomous University of the State of Puebla. He is also a graduate of the William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies and the U.S. Political Institutions program at the School of Global Policy and Strategy at the University of California, San Diego.

He is a part-time professor in the Department of International Relations and Political Science at the University of the Americas Puebla and an associate member of the Mexican Council on Foreign Relations (COMEXI).

In the public sector, he has served as an advisor in the Mexican Senate on the Public Security and National Defense committees, as a public official in the Government of the State of Puebla, and in the municipality of Puebla de Zaragoza.