En este episodio del podcast Un Extraño Enemigo, conversamos sobre la crisis que estalló en Ecuador comenzando el año 2024. Participa como invitado especial Edgar Vivanco, Director General de STRATOP Risk Consulting y Jonathan Maza, ambos especialistas en Seguridad Nacional y fuerzas armadas. Visita el sitio web de nuestro aliado institucional del podcast, STRATOP Risk Consulting en www.stratoprisk.com
Mauricio D. Aceves y Jonathan R. Maza.
Las advertencias de Casandra, dotada con el don de la clarividencia y después castigada con el designio de que sus profecías no serían jamás creídas, fueron desestimadas durante la guerra de Troya, implicando el desenlace trágico de la ciudad. Este mito se ha citado repetidamente en el circuito de la comunidad de la inteligencia y la literatura de prospectiva estratégica, y en ocasiones recuerda la conflagración entre el conocimiento y la verdad desestimada, ya sea por ausencia de criterio, de inteligencia procesable o por elección.
En la actualidad, la cooperación en materia de inteligencia y de seguridad internacional encuentra entre sus principales retos el sacrificio de la estrategia de largo plazo por la táctica coyuntural y el reconocimiento de la necesidad de actualizar la operatividad diaria, especialmente en tareas de planeación y detección de riesgos. Ignorar la prospectiva de un amplio espectro de elementos en movimiento que inciden en las relaciones internacionales implica correr la suerte de ser jugadores en juegos desconocidos.
Ciertamente hay inercias geopolíticas, pero también coyunturas y cisnes negros que inciden y modifican el panorama internacional. Sin duda, 2023 se convirtió en un periodo habitado por elementos históricos disruptivos para la estabilidad internacional con altas implicaciones en el deterioro de la seguridad humana y que alimentan amenazas y riesgos internacionales. De manera adyacente, es posible observar tendencias que condicionan las perspectivas regionales en torno a la seguridad. En este escenario, surge un póker de tendencias de naturaleza volátil: a) el establecimiento de relaciones fácticas entre Estados; b) el auge de actores no estatales, especialmente corporaciones que participan en el campo de la innovación, o funciones relativas a la defensa; c) un mayor peso de la defensa y la venta de armas en la política internacional, y d) la aplicación de usos duales, civiles y militares, de la inteligencia artificial. En conjunto e individualmente, y en distintas intensidades, se trata de fuerzas que moldean el entendimiento estratégico y amplían el espectro de atención de distintas disciplinas ligadas a la geopolítica.
En el caso del establecimiento de canales fácticos de cooperación, se trata de un fenómeno con mayor relieve debido al contexto geopolítico. Suelen ser desarrollados por Estados que no cuentan con relaciones formales, especialmente para lograr acuerdos de cooperación en campos limitados a objetivos concretos y mediante agencias o instituciones pertenecientes al Estado. Lo anterior puede ocurrir cuando no hay un reconocimiento formal entre gobiernos, por ejemplo, el caso de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que durante décadas han mantenido canales de diálogo intermitentes con objetivos limitados, especialmente relacionados con la conectividad, sin necesidad de una posible adhesión de Riad a los Acuerdos de Abraham. Las garantías de continuidad de la cooperación se mantienen por medio de la existencia de voluntades políticas, la contribución de intermediarios y la posibilidad abierta de constituir acuerdos formales.
En una trama distinta, el empleo de sanciones económicas como instrumento de presión también promueve, colateralmente, terrenos proclives para la creación de arquetipos de lazos informales a fin de evadir dichas sanciones y para mantener acuerdos. Es el caso de los gobiernos establecidos mediante golpes de Estado recientes en Burkina Faso, Sudán, Níger y Gabón. En una categoría separada, existe un proliferación y empoderamiento de grupos en búsqueda de expandir su reconocimiento o atracción de apoyo internacional como figuras de gobierno, en el que se encuentran los casos de Hezbolá en el Líbano, las Fuerzas de Acción Rápida en Sudán, el Ejercito Nacional Libio o el Movimiento Huthi en Yemen, entre otros, cada uno con características y vocaciones únicas, usualmente cuentan con capacidades de interlocución ante gobiernos que siguen una agenda activa, ya sea en dinámicas de cooperación o enfrentamiento en relación con Estados, frecuentemente incidiendo en la estabilidad regional.
En una atmósfera de alta inestabilidad, las empresas militares o contratistas de defensa (en caso de ser partícipes en hostilidades directas son reconocidas bajo el estatus de mercenarios, de acuerdo con el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949) han alcanzado una importancia de primer orden. Quizá el Grupo Wagner o el grupo Patriot sean los ejemplos más representativos como consecuencia del gran número de activos de distintas nacionalidades, especialidad, armamento disponible y por su capacidad de operar en una extensión geográfica que considera desde la costa este del Sahel y África occidental en el Atlántico hasta el Mediterráneo oriental y Europa del Este. Ante los avances registrados, que usualmente han sido vinculados a presuntas perpetraciones de crímenes de guerra, este modelo podría conseguir réplicas que, a su vez, pueden resultar definitorias en el desarrollo o el surgimiento de conflictos y la (in)estabilidad nacional o regional. La reinstalación operativa de Executive Outcomes después de 2 décadas de ausencia o expansión del ámbito de acción de Academi (antes Blackwater), más allá de la capacitación militar, sino trascendiendo en el rubro de la inteligencia y la industria militar, son indicios de esta tendencia.
La ascendencia de actores no estatales en la geopolítica no es una novedad. Sin embargo, la exposición de ellos en relación con la seguridad queda expuesta cada vez con mayor claridad, lo que se percibe en el desarrollo de conflictos por medios no convencionales. Detrás del telón, el incremento de la dependencia de los Estados en el sector privado en aspectos vinculados al desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías de uso dual y la recopilación masiva de datos se convierte en otro frente decisivo en persecución de nuevas regulaciones. Adicionalmente, se percibe en la calidad determinante de empresas durante el transcurso de conflictos híbridos o para apuntalar las operaciones de los aparatos del Estado en el ámbito de la defensa. Por ejemplo, la banda ancha provista por Starlink en Ucrania se ha convertido en un elemento primario durante el desarrollo del conflicto, no solo haciendo posible las comunicaciones y las ciberoperaciones, sino también contando con relevancia táctica en el frente.
En una atmósfera de alta inestabilidad, las empresas militares o contratistas de defensa han alcanzado una importancia de primer orden.
La integración del quinto dominio, el ciberespacio, la informática y la vinculación con sectores críticos para la seguridad han originado que la ciberseguridad ocupe un lugar vertebral dentro de los protocolos operativos de inteligencia, dando lugar también a la ciberinteligencia. El desarrollo de estas nuevas capacidades propias del Estado es fundamental, por lo que la agenda de cooperación técnica entre gobiernos se ha ampliado sustantivamente para ampliar las capacidades de defensa y ahora de ciberdefensa. En este sendero, la contratación de terceros actores que permitan llevar a cabo ciberoperaciones también se ha convertido en una constante. La incursión de nuevos actores y la saga de ciber ataques a sectores críticos registrados en todas las latitudes incrementan la alarma y la necesidad de asumir responsabilidades en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. En sentido opuesto, las ciberoperaciones ofensivas, propias u ordenadas por terceros, proporcionan herramientas en las que las instituciones no se encuentran directamente implicadas, primordialmente en actividades como el sabotaje, robo de información, espionaje, operaciones psicológicas, entre otros, las cuales pueden ser desplegadas con efectividad a bajo costo y con la protección de un paraguas de ambigüedad en la atribución y la percepción de proporcionalidad. Estas coordinadas adoptan un norte que apunta en dirección a la ampliación de zonas grises y guerras híbridas.
Pese a que, tradicionalmente, la creación de alianzas y acuerdos diplomáticos han contado como base de la seguridad y el interés nacional invariablemente, en un clima de mayor multipolaridad, este fenómeno puede presentar variaciones atípicas, aumentando las transferencias de armas e incluso alterando las políticas respecto al gasto militar, substancialmente ante las tensiones en Europa del Este y el Sudeste Asiático. Los acuerdos en materia de defensa y vinculados a la adquisición de armamento, se han convertido en uno de los principales ejes de la diplomacia, incluso en negociaciones que no se encuentran directamente ligadas a la defensa.
Por otro lado, la negación de la venta de armamentos puede igualmente comprometer negociaciones e incluso generar fricciones diplomáticas. Los obstáculos a la venta de F-16 Block 70 o de Eurofighter Typhoon a Türkiye (los miembros del consorcio de Eurofighter GmbH, también han impuesto negativas a la venta de Eurofighters a Arabia Saudita), son negociaciones que han causado controversias al interior de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia sobre el conflicto en Palestina advirtió tempranamente que las condiciones que se desarrollaban desencadenarían hostilidades armadas, afectando significativamente la estabilidad social, económica y política del mundo árabe, así como las relaciones comerciales y estratégicas de Estados Unidos en Oriente Próximo, además del aumento en la intensidad del conflicto sin la intervención internacional. Estos párrafos no fueron redactados en el otoño de 2023 sino décadas atrás, en noviembre de 1947, y desclasificados en 2013.
Quizá la sombra de Casandra está destinada a acompañar a la geopolítica mediante distintas personificaciones, pero, ciertamente, si se quieren obtener certezas para la planeación nacional estratégica, será necesario involucrar a un mayor rango de actores, aumentar la integralidad de acciones mediante esfuerzos interinstitucionales complementarios, y adoptar nuevos conceptos que corresponden a una realidad caracterizada por los vínculos en zonas grises. La inteligencia civil y militar del Estado experimenta transformaciones notables impulsadas, principalmente, por la proliferación de la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia y el uso de tecnologías exponenciales en operaciones de inteligencia y ciberinteligencia. Sin embargo, la fiabilidad de la automatización ha presentado fallas que producen alertas. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, entre otros eventos de impacto geopolítico, invita al replanteamiento de los modelos de actuación de la inteligencia militar y civil dependiente de sistemas automatizados y digitales, debido a las vulnerabilidades observadas en algunas de las agencias de mayor sofisticación y tecnificación a nivel internacional.
La interacción entre los elementos de la actualización de las agencias de inteligencia, la previsión del planteamiento de los nuevos desafíos por parte de la diplomacia, así como de un balance regulatorio prospectivo, debe ser un trinomio inseparable con miras a la adaptación de las capacidades del Estado. Los avances tecnológicos amplían la cadencia de capacidades de todo tipo, pero al unísono se enfrentan a un abanico de amenazas más diverso. El futuro de los conflictos y de las amenazas en torno a la seguridad internacional se encuentra en proceso de restructuración, y mantener ventajas tácticas mediante el factor sorpresa requiere cada vez de desarrollos tecnológicos propios, su dominio y de mantener una autonomía estratégica en el futuro, así como la combinación de destrezas convencionales, la identificación de una gama híbrida de actores y la comprensión de las lecciones aprendidas de escenarios pasados y aquellos actualmente en desarrollo.
MAURICIO D. ACEVES es consultor en asuntos migratorios, fronterizos y de política exterior, así como analista de temas contemporáneos del Medio Oriente, Asia Central y Europa del Este. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas por la Escuela de Políticas Públicas, cuenta con un diplomado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia por el Campus Internacional para la Seguridad y Defensa y uno en estudios de Gobernanza Global por el German Institute of Development and Sustainability en Bonn. Sígalo en X (antes Twitter) en @DaanMaur.
JONATHAN R. MAZA VÁZQUEZ es Director de Estrategia e Inteligencia en STRATOP Risk Consulting. Es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional (Sedena) y cuenta con estudios en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (SEMAR). Es profesor de tiempo parcial en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Además, es miembro de la Red de Exbecarios de Programas del Gobierno de Estados Unidos en México y miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Sígalo en X (antes Twitter) en @jonathanmaza.
“El mundo está en un punto de inflexión, en donde la dinámica global ha cambiado, ya que el surgimiento de nuevas crisis, como la pandemia hasta la crisis climática, la proliferación nuclear y la cuarta revolución industrial, exigen toda la atención y participación del Poder Nacional: sociedad, economía, política, desarrollos tecnológicos y por supuesto de sus fuerzas armadas.“
Joseph R. Biden, Jr. “Interim National Security Strategic Guidance“
Por Jonathan R. Maza
“La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Un país subdesarrollado y que no se desarrolla, jamás alcanzará nivel alguno de seguridad por la sencilla razón de que no puede despojar a sus ciudadanos de su naturaleza humana. Es un aspecto complejo de la política de las naciones que va más allá de la preparación de las fuerzas militares para el combate.“ General Gerardo Clemente Vega García en su libro Seguridad Nacional. Concepto, Organización y Método.
La historia enseña lecciones para los Estados y naciones sobre cómo el atraso científico y tecnológico, aunado a modelos económicos poco competitivos en tiempos de crisis, provocan no solo escasez, sino la inestabilidad social con sus consecuencias en los campos político y económico, acelerando los procesos de decadencia del orden político e incluso, de revolución que amenazan la seguridad de los países.
Por ejemplo, a principios del siglo XIX, durante los últimos años de la existencia del Virreinato de la Nueva España, uno de los campos más deteriorados era el económico, a causa del, entre otros factores, atraso de la tecnología y su dependencia en este sector del extranjero, como lo señaló en su momento el historiador y diplomático Alexander von Humboldt:
Con respecto al resto del mundo noratlántico, Nueva España comenzó el siglo XIX en condiciones desfavorables. La tecnología aplicada a las actividades económicas era arcaica. Los mineros novohispanos no estaban interesados en introducir innovaciones para producir plata de modo eficaz, debido a la importancia y abundancia de los yacimientos. La tecnología obsoleta con que producían textiles, cerámica, papel o vinos hacía que las manufacturas novohispanas fueran poco competitivas frente a las importadas. Durante mucho tiempo, estos productos provenían de una metrópoli que tampoco era competitiva, pero cuando, debido a las guerras con Gran Bretaña, se autorizó en 1797 la llegada de barcos de naciones neutrales, Nueva España se vio inundada de manufacturas baratas, producidas en países con tecnologías y sistemas de producción más eficientes (Járegui, 2013).
Fue hasta el México independiente, una vez transcurrida la primera mitad del siglo XIX, posterior a los periodos de mayor inestabilidad política, militar y social, que el quehacer científico tuvo un proceso de institucionalización en el año de 1868, cuando el Presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública “por medio de la cual se crearon las Escuela Nacional Preparatoria de Ingeniería y de Jurisprudencia“ (Trabulses, 1992). La nueva educación superior y científica sentaría las bases del futuro desarrollo científico y tecnológico de México, que incrementó sus aportes durante el periodo encabezado por Porfirio Díaz, pero que se vio interrumpido por la Revolución Mexicana.
Un nuevo impulso llegaría en el periodo posrevolucionario, cuando le fue otorgada la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año de 1929; en la década posterior se funda la Academia Nacional de Ciencias en 1930 (Méndez R. M., 2003), institución cuyo propósito era el de reunir a los científicos del país para orientar las política públicas de desarrollo científico y tecnológico de México y en cuyo seno de reuniones tuvieron debates profundos respecto al papel de la ciencia y la tecnología en los objetivos que se había trazado el proyecto de la Revolución Mexicana, especialmente los plasmados en la Constitución de 1917.
Durante el periodo conocido como el “Desarrollo Estabilizador“ que caracterizó las décadas de 1940 hasta 1970, el crecimiento económico permitió la industrialización del país, sin embargo, esta industrialización tuvo desaciertos, que más tarde se convirtieron en catalizadores para la profundización de la dependencia tecnológica industrial de México hacia el extranjero.
Por un lado, se requirieron insumos y capitales extranjeros para financiar las industrias del país, orientadas principalmente a la transformación de productos primarios. Por otro lado, de acuerdo a Tamayo (1979), durante este periodo se fomentó la inmigración de científicos, técnicos y especialistas extranjeros para ser empleados en la nueva base industrial mexicana, lo cual tuvo repercusiones para un desarrollo armonioso de la industria nacional.
En los albores de la industrialización de México, dos son los factores que permanecerán durante la mayor parte del siglo XX, caracterizando el estancamiento y rezago tecnológico: la preferencia y priorización de la ciencia y tecnología extranjera sobre la nacional a causa de un bajo desarrollo nacional propio, lo cual generó dependencia hacia el extranjero y, la escasa o insuficiente inversión pública y privada nacional en el desarrollo científico y tecnológico, principalmente por desinterés o por no contar con los recursos suficientes.
Otras instituciones fueron creadas previamente, tales como la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación, que después fue sustituida por el Instituto Nacional de Investigación Científica, que daría lugar a crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 1970 (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006). Estas instituciones inicialmente se orientaron a la investigación de ciencias exactas y a investigación básica, no aplicada necesariamente a los procesos industriales.
En lo que respecta a la industria mexicana, desde 1940 hasta los años setenta, la política industrial se orientó en el sentido que marcaba la política económica de entonces, es decir, bajo el modelo que priorizó la producción nacional y el proteccionismo comercial con la sustitución de las importaciones de bienes de consumo y bienes intermedios principalmente.
En este entorno y bajo ese modelo económico, se expide en 1972 la Ley sobre Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, cuyo propósito y objeto era el de regular y orientar la transferencia tecnológica proveniente del extranjero y entre nacionales, así como fomentar el uso de tecnología desarrollada en México.
Sin embargo, a finales del periodo descrito, tanto el modelo económico como la política industrial implementadas, no prosperaron bajo las nuevas circunstancias de la economía mundial de finales de la década de 1970, caracterizada por una profundización de la globalización de bienes de capital y una industrialización avanzada, mientras que México permaneció con una industria básica sin alta especialización. Lo anterior, trajo como consecuencia lo que a continuación describe sobre México un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
“Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las empresas no fueron de todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas y, por ende, las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico“.
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2002).
En este sentido, los factores que han obstaculizado al país históricamente son: la ausencia de innovación y rezago del desarrollo tecnológico, una alta dependencia del extranjero en la actividad científica y tecnológica de la industria, insuficiente inversión a la ciencia y la tecnología nacionales que estén orientadas a la producción industrial, una industria nacional básica con insuficientes mecanismos para su modernización y un andamiaje jurídico inadecuado e institucionalidad débil, debido a la falta de coordinación y articulación de las políticas públicas en la materia.
La Seguridad Nacional es un concepto que varía en su definición de acuerdo a las necesidades reales de cada Estado, por lo que, no existe un consenso general a nivel mundial de lo que es, ya que depende de la formulación que haga cada país y sus gobiernos respecto a su propio desarrollo histórico, contexto geopolítico y de los intereses y objetivos nacionales.
Por ejemplo, los Estados Unidos de América la definen como una estrategia que busca hacer frente a los desafíos entrelazados a largo plazo que exigen atención nacional sostenida y compromiso de toda su sociedad y del poder político constituido, ya que “Estados Unidos posee ventajas políticas, económicas, militares y tecnológicas incomparables“ (National Security Strategy of the United States of America, 2017).
Asimismo, establece que se deben proteger cuatro intereses nacionales vitales en un mundo competitivo: 1) La responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, la patria y el estilo de vida estadounidense, 2) Promover la prosperidad estadounidense, modernizando la economía para el beneficio de los trabajadores y las empresas, 3) Preservar la paz a través de la fuerza mediante la reconstrucción de su ejército para que siga siendo preeminente, disuada a sus adversarios y, si es necesario, sea capaz de luchar y ganar y, 4) Promover la influencia estadounidense en el mundo que apoye los intereses estadounidenses y refleja sus valores para su mayor seguridad y prosperidad.
Respecto al ámbito del desarrollo científico, tecnológico de su seguridad nacional, ellos definen que Estados Unidos de América debe preservar el liderazgo en investigación y tecnología para proteger su economía de los competidores que adquieren injustamente propiedad intelectual, además de que recientemente la administración del presidente Joe Biden ha identificado que el mundo está en un punto de inflexión, en donde la dinámica global ha cambiado, ya que el surgimiento de nuevas crisis, como la pandemia hasta la crisis climática, la proliferación nuclear y la cuarta revolución industrial, exigen toda la atención y participación del Poder Nacional de los Estados Unidos de América: sociedad, economía, política, desarrollos tecnológicos y por supuesto de sus fuerzas armadas.
Finalmente, establece que las tecnologías emergentes o exponenciales como la inteligencia artificial y la computación cuántica y las tecnologías de telecomunicaciones, como 5G, podrían dar forma a todo, desde el equilibrio económico y militar entre los estados hasta el futuro del trabajo, la riqueza, la desigualdad dentro de ellos y hasta los intereses nacionales.
En el caso del Estado Mexicano, la Seguridad Nacional es, desde la doctrina militar, la “condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus Objetivos Nacionales“ (CODENAL-CESNAV, 2018).
De igual manera, encontramos una definición de Seguridad Nacional que ha formulado el Gobierno de México a partir de la administración federal vigente, la cual se establece tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, como en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que la definen como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.
“El concepto de Seguridad Nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano“.
(Gobierno de México, 2019).
Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), contiene una definición amplia de la Seguridad Nacional, cuyo propósito es también la de fortalecer las capacidades institucionales para alcanzar objetivos estratégicos, entre los cuales destacan los siguientes: a) Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México, b) Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia (Gobierno de México, 2019).
Por último, en el numeral 9 del PND “Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas“ encontramos el rol que otorga la actual administración federal a las fuerzas armadas: “El Ejército Mexicano y la Armada de México conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad nacional y la integridad territorial del país, la defensa de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre; asimismo, los institutos armados seguirán aportando a diversas esferas del quehacer nacional: aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras“ (Gobierno de México, 2019).
Lo anterior, resulta fundamental para las actividades relacionadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país, porque se establece por el poder político constituido legalmente y legítimamente que las fuerzas armadas colaborarán más estrechamente con la sociedad y se insertarán aún más en las tareas del quehacer nacional, aportando específicamente a aquellas relacionadas a la aeronáutica, informática, industria e ingeniería, por lo que es posible encontrar en documentos aprobados por el Congreso de la Unión y promulgados por el Ejecutivo Federal, el vínculo y fundamento a la determinación del involucramiento de las instituciones de las Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México en las actividades científicas y tecnológicas que favorezcan el Desarrollo Nacional.
Lo anterior, constituye un fundamento para reconocer que se trata de un ambiente de condiciones favorables proporcionadas por la población, el territorio nacional y el poder político, para garantizar, a través de la “esfera de las decisiones colectivizadas, soberanas, coercitivamente sancionables e ineludibles “ (Sartori, 1992), la subsistencia armónica del Estado y sus elementos. También, para alcanzar óptimas condiciones para la toma de decisiones soberanas en materia tecnológica, lo cual podría favorecer el bienestar general, la condición de libertad, paz, justicia social y Estado de Derecho, que ahora en un ambiente de competencia geopolítica y especialmente de competencia tecnológica que definirá y dará forma a casi todos los aspectos de la vida de las personas, empresas y naciones, requiere de la participación activa de las instituciones del Estado, a fin de garantizar la Seguridad Nacional y aún más relevante para México, su Desarrollo Nacional.
Jonathan Maza 