Drones y letalidad tecnológica de los cárteles mexicanos

Por Jonathan Maza

Artículo publicado originalmente en El Sol de México.

Más de 5,200 artefactos explosivos improvisados han sido lanzados desde drones en casi 500 eventos en México en los últimos seis años.

En México, la innovación tecnológica parece que ha representado un arma de doble filo, especialmente en un contexto en el que las organizaciones criminales continúan sofisticándose en la medida en la que adquieren más recursos financieros.

Mientras que en otros países los drones han revolucionado industrias y ampliado las fronteras del conocimiento, aquí, lamentablemente, también han caído en manos del crimen organizado, convirtiéndose en herramientas para sembrar violencia y terror.

La historia reciente del uso de drones por parte de los cárteles es una crónica acelerada de cómo grupos delictivos adaptan rápidamente la tecnología para multiplicar su poder. Si desde 2017 sorprendía saber que narcotraficantes utilizaban drones para tareas sencillas como vigilancia o transporte de pequeñas cargas ilícitas, para lo que va de este año 2025, ya enfrentamos un escenario totalmente distinto y mucho más alarmante: drones armados con artefactos explosivos improvisados, capaces de realizar ataques precisos contra rivales, autoridades y población civil.

Hoy México es, increíblemente, uno de los paises que ha ingresado a la lista de territorios con más ataques con explosivos improvisados lanzados con drones a nivel global, esto a pesar de no estar en un estado de guerra como Ucrania o Siria. No hablamos únicamente de zonas aisladas o regiones remotas, sino de comunidades en estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero o Zacatecas, en donde estas aeronaves han cobrado decenas de víctimas fatales y han herido a muchas más, entre ellas civiles, policías y militares. La nueva realidad criminal nos obliga a levantar la vista hacia el cielo con preocupación y cautela.

¿Qué explica esta rápida adopción tecnológica por parte de los cárteles? Principalmente, la facilidad para adquirir drones comerciales, sencillos de operar y relativamente baratos. También, la manufactura local de drones. Esta accesibilidad ha permitido que el crimen organizado reclute y capacite a especialistas que adaptan estos dispositivos para fines bélicos. Tal es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, con unidades conocidas como “Operadores Droneros”, dedicadas exclusivamente al desarrollo y operación de drones con fines delictivos.

Ante este panorama, que en poco más de seis años ha alcanzado la cifra de más de 5,200 artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones en casi 500 eventos, las respuestas institucionales por parte del gobierno mexicano también han evolucionado. El marco normativo ha sido modificado notablemente desde 2018 a la fecha, estableciendo regulaciones más estrictas para el uso de drones y penas más duras para quienes los utilizan ilegalmente. Paralelamente, las fuerzas armadas han invertido en capacitación especializada y sistemas avanzados antidrones, recibiendo capacitación bajo el esquema de cooperación con socios internacionales como Estados Unidos.

Sin embargo, estas acciones siguen siendo insuficientes frente al tamaño del desafío. En México, necesitamos más coordinación entre agencias de seguridad, una inversión sostenida en tecnología de punta, mediante la adquisición y el desarrollo, así como aprovechar las oportunidades que ofrece una cooperación internacional aun más estrecha con socios clave. Es fundamental que el Estado mexicano se adelante y no solo reaccione a los avances tecnológicos del crimen organizado.

Este nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado exige estrategias dinámicas y proactivas. No basta con neutralizar drones; las fuerzas de seguridad deben anticiparse a sus futuras aplicaciones criminales, cerrar las brechas tecnológicas y fortalecer continuamente las capacidades de defensa y respuesta con la ayuda del sector privado, que tiene los desarrollos tecnológicos adecuados.

La seguridad de nuestro país no debe quedar comprometida por la agilidad financiera y tecnológica de grupos criminales. La frontera tecnológica es el nuevo frente donde se libran batallas decisivas por la seguridad y tranquilidad de nuestra nación.

Será pertinente observar en la Feria Aeroespacial México 2025, que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que la industria de seguridad y defensa nacional y extranjera, puede ofrecer en tecnología antidrones para las agencias de seguridad mexicanas.

Internacionalista por la UPAEP, Maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y graduado en Gobernanza y Estrategia en Seguridad y Defensa por el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry. Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Cumplimiento de la Ley, Cooperación en Seguridad, Delincuencia Transnacional Organizada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

X (antes Twitter): @jonathanmaza

Nueva etapa entre México y Estados Unidos en seguridad y defensa

¡Hola a todos!

Me complace anunciar que hemos retomado el podcast Un Extraño Enemigo en este 2025, continuando con nuestra misión de analizar temas cruciales de seguridad nacional, defensa, inteligencia y geopolítica desde una perspectiva mexicana.

En el episodio 41, titulado «Nueva etapa entre México y Estados Unidos en seguridad y defensa», exploramos los cambios recientes en la relación bilateral en estas áreas. Discutimos cómo la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el cambio de gobierno en México en 2024 han influido en la seguridad fronteriza, la migración y el combate al narcotráfico. También abordamos la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de EE.UU. y sus posibles implicaciones, así como la cooperación bilateral en materia de defensa.

Este episodio ya está disponible en Spotify para su escucha.

Agradecemos a nuestro aliado institucional, STRATOP Risk Consulting, por su continuo apoyo en la producción de este podcast. Para más información sobre sus servicios, pueden visitar su sitio web en www.stratoprisk.com.

¡Esperamos que disfruten este nuevo episodio y nos acompañen en esta nueva etapa de Un Extraño Enemigo!

Analysis: The Structural Redesign of Security in Mexico 2024

by Jonathan Maza

Mexico City, December 11, 2024

Article originally published in The Wilson Center.

Mexico remains in a prolonged period of security instability. The greatest challenge facing the current political regime is to pacify the country and regain territorial control, which has been contested by various criminal organizations. This is happening amid profound changes and transformations in the political regime and the Constitution itself.

Below is a brief analysis of the recent constitutional reforms, their impacts on the Mexican government’s security strategy, and the implications for the bilateral security relationship between Mexico and the United States. 

Constitutional Reform: A Significant Shift in the Security Model

Mexico is transitioning to a centralized security model characterized by a civil-military institutional framework, where the federal government is increasingly consolidating legal authority, responsibilities, and budgetary control over states and municipalities. The Secretariat of Security and Citizen Protection (SSPC) has become a key institution, acquiring new powers and capabilities that enable the Federal Executive Branch to oversee resources, criminal investigations, and intelligence for national security.

Recent reforms to Article 21 of the Mexican Constitution[1] and the Organic Law of the Federal Public Administration[2] mark a critical shift in the institutional framework for public and national security. The SSPC and its leadership now centralize and coordinate intelligence generated by civil and military agencies. Additionally, the SSPC has been granted authority to investigate crimes in collaboration with the Public Prosecutor’s Office—a role it shares with the National Guard (GN) and local police forces.

The SSPC is responsible for developing and leading the National Public Security Strategy, as well as public security programs and policies. It also coordinates and leads joint operations with all public security institutions nationwide. Working alongside the Attorney General’s Office (FGR), it executes arrest warrants with the support of the armed forces, including the GN. The National Guard, no longer under the SSPC, has been transferred to the Secretariat of National Defense (SEDENA). As per the constitutional reform of September 30, 2024, the National Guard is now both a public security force and a new branch of the armed forces[3].

To fulfill these responsibilities and lead the country’s security and intelligence efforts, a new Subsecretariat for Intelligence and Police Investigation has been established. It appears that the National Intelligence Center (CNI) will be reoriented to focus more on public and internal security intelligence at the expense of national security priorities.

Through the Executive Secretariat of the National Public Security System, the federal government will gain greater control over states and municipalities in security matters. By having the authority to establish guidelines, standardize protocols, and audit as well as oversee the allocation of resources, it ensures compliance with the operational functions of public security institutions and the police forces at both state and municipal levels.

This redesign aims to strengthen the Mexican government’s capacity to combat organized crime, which has infiltrated hundreds of local police forces and corrupted municipal governments. By integrating intelligence into criminal investigations, the goal is to prosecute cases based on information from both civil and military agencies. An example of this new “coordination” is the recent “Operación Enjambre” (“Swarm“ Operation) conducted on November 22, 2024, in the State of Mexico. Using shared intelligence, authorities arrested 24 public officials, including a municipal president and several directors of public security from 12 municipalities. These individuals were linked to criminal organizations such as the Jalisco New Generation Cartel, La Familia Michoacana, and others.

With these new powers, the SSPC has become a kind of super-ministry, resembling a hybrid between an Office of National Intelligence and a Department of Justice. It leads intelligence integration and investigates and executes arrest warrants but does not have prosecutorial authority. In theory, this model could enhance the effectiveness of security operations by allowing the SSPC to take an active and strategic role. However, its implementation raises questions about potential challenges and repercussions.

Centralization may impact Mexico’s security strategy by increasing tensions among the country’s security agencies, which have historically operated autonomously with varying levels of coordination. Potential risks include the growing militarization of public security policies and the blurring of lines between public and national security—issues that could provoke resistance from civil institutions and national and international human rights organizations.

Finally, Mexico’s security redesign is likely to impact its relationship with the United States by reconfiguring cooperation channels. This has already generated tensions over intelligence sharing and is expected to further highlight differences in security approaches. The centralization of the SSPC and its operational reliance on the armed forces have raised concerns among U.S. security agencies about Mexico’s ability to address critical issues such as the increasing influence of organized crime and border security. These dynamics have complicated operational collaboration, particularly in sensitive areas such as fentanyl trafficking, arms smuggling, and human trafficking. As a result, a recalibration of objectives and protocols between the two countries will be necessary to strengthen strategic cooperation. 


[1] Initiative presented by the President of Mexico, Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, before the Senate of the Republic on October 30, 2024.

[2] DECREE amending, supplementing, and repealing various provisions of the Organic Law of the Federal Public Administration. Published in the Official Gazette of the Federation on November 28, 2024.

[3] DECREE amending and supplementing Articles 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123, and 129 of the Political Constitution of the United Mexican States, concerning the National Guard. Published in the Official Gazette of the Federation on September 30, 2024.