Análisis de la nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno de México: Desafíos y Perspectivas

Por Jonathan Maza

El 8 de octubre de 2024, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su nueva Estrategia de Seguridad, un plan que busca enfrentar la creciente violencia y el crimen organizado en México. Esta estrategia se propone continuar los esfuerzos de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero con un enfoque renovado que destaca la centralización de la coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad y la búsqueda de soluciones a las causas sociales y económicas del crimen.

Objetivos y Pilares de la Estrategia

El principal objetivo de la nueva estrategia es reducir los crímenes de alto impacto, tales como homicidios, secuestros y extorsiones, vinculados al crimen organizado. La seguridad de los ciudadanos, especialmente en áreas de alto riesgo, será una prioridad. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la Guardia Nacional, a la vez que se promueve un enfoque más integral para abordar las raíces del crimen.

La estrategia se basa en tres objetivos clave y cuatro pilares:

1. Disminuir los crímenes de alto impacto: La violencia vinculada al crimen organizado, como los homicidios y los secuestros, son el blanco principal. Además, se pondrá especial atención a delitos como la extorsión y el robo de carreteras.
2. Neutralizar los generadores de violencia: Esto implica centrarse en las redes criminales y los principales actores responsables de la violencia en cada uno de los 32 estados del país. Las áreas de alta criminalidad serán el foco de operaciones de seguridad más intensas.
3. Fortalecer la prevención local: La prevención será clave en la lucha contra el crimen, con énfasis en fortalecer las capacidades de la policía local para mejorar la proximidad con la comunidad.
4. Abordar las causas sociales y económicas del crimen: Se continuará con programas sociales como «Jóvenes Construyendo el Futuro» y se buscará involucrar a todos los sectores del gobierno para crear alternativas viables para los jóvenes en riesgo de unirse a grupos delictivos.

Consolidación de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Una de las medidas más significativas de esta estrategia es la transferencia de la Guardia Nacional (GN) al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que consolidará la presencia militar en el ámbito de la seguridad pública. Este movimiento ha generado controversia debido a los señalamientos de algunos sectores sobre una militarización de las funciones de seguridad, lo que podría traducirse en un mayor uso de la fuerza y en un incremento de enfrentamientos con organizaciones criminales.

No obstante, la Guardia Nacional también asumió funciones de investigación criminal como auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR), y se están realizando esfuerzos importantes por profesionalizar y capacitar a sus elementos para que actúen de forma más eficiente y profesional.

Fortalecimiento de la Inteligencia y la Coordinación Interinstitucional

El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para coordinar sus esfuerzos en diversos niveles. La creación del Sistema Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento de las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son pasos cruciales para integrar la información de las diversas agencias de seguridad, como Defensa (SEDENA), Marina (SEMAR), la SSPC, la FGR y las fiscalías estatales.

Una de las claves de este enfoque es la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y estatales, lo que permitirá una respuesta más eficaz ante los retos del crimen organizado, especialmente en regiones como la frontera norte, que enfrenta desafíos específicos debido a la violencia y el narcotráfico.

Desafíos y Críticas a la Estrategia

A pesar de las buenas intenciones, la nueva estrategia enfrenta varios desafíos estructurales y operativos. En primer lugar, la dependencia operativa de la seguridad pública en las capacidades militares genera preocupaciones sobre la eficacia de los resultados en la construcción de un entorno de seguridad pública y la posible vulneración de derechos humanos, un tema que ha sido recurrente durante la administración de López Obrador. El rol creciente de las Fuerzas Armadas, tanto en el control de la Guardia Nacional como en la ejecución de operaciones de seguridad, podría llevar a una mayor confrontación con los grupos criminales, aumentando la violencia y los daños colaterales en zonas ya afectadas por el crimen.

Otro aspecto que genera inquietud es la ineficiencia de los programas sociales. A pesar de los esfuerzos por ofrecer alternativas a los jóvenes vulnerables, los incentivos económicos de los programas sociales no han logrado reducir de manera significativa las tasas de criminalidad. Existe el riesgo de que los recursos sean aprovechados por las organizaciones delictivas y sus familiares, perpetuando el ciclo de violencia en lugar de romperlo.

Asimismo, la reestructuración de las instituciones de seguridad e inteligencia podría generar problemas de coordinación entre las diversas agencias, con el riesgo de que el flujo de información no sea tan eficiente como se espera.

Impacto en la Frontera Norte

Uno de los estados más afectados por esta estrategia será Baja California, que, en 2024, registró una de las tasas más altas de homicidios intencionales. Las disputas territoriales entre cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son una de las principales causas de esta violencia. Aunque la región ha recibido una inversión histórica de 280.4 millones de pesos para seguridad pública, las condiciones de la frontera siguen siendo complejas, especialmente en áreas como el Valle de Mexicali, donde la violencia persiste.

La estrategia deberá enfocarse en fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y locales, especialmente en zonas de alto riesgo, para mejorar la eficacia en el combate al crimen organizado.

Conclusión

La nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno de México tiene el potencial de ser un paso positivo hacia la reducción de la violencia en el país, pero depende de su correcta implementación y de la capacidad del gobierno para superar los numerosos desafíos que enfrenta. La dependencia operativa de la seguridad en las fuerzas armadas, la falta de eficacia de los programas sociales y la coordinación interinstitucional son solo algunos de los obstáculos que podrían limitar su éxito.

Es necesario, como ya lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, un enfoque integral que no solo se enfoque en la acción represiva, sino que también aborde las causas profundas de la violencia y el crimen, incluyendo la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en todos los niveles del gobierno. Solo entonces será posible crear un México más seguro y con una mayor justicia social.